¿Qué implica el cese bilateral al fuego para Colombia?

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Para Colombia ha llegado el tiempo de mostrar que la política es una herramienta superior a la de la guerra para solucionar los conflictos en grandes intereses.

Según parámetros internacionales, el cese bilateral y definitivo al fuego significa que las partes involucradas en un conflicto armado, bien sea interno o entre dos países, acuerdan la terminación definitiva de las acciones militares y de cualquier hostilidad entre ellos.

En el caso de Colombia, la firma de este cese al fuego entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) implica un paso contundente que dirigirá al país por el camino de paz que pondrá fin al conflicto que por más de 50 años ha vivido esta nación y que ha provocado cientos de desplazados.
Pero el cese de fuego no solo implica el silenciamiento de los fusiles. También implica que se pondrá fin a la costumbre de ejercer la violencia como un medio para hacer lucha política.

En el plano concreto, esto se traduce en que el Estado debe asumir frente a la nación el reconocimiento de su participación en la creación del paramilitarismo y la permisividad con sus estructuras, propiciando un clima en el que la violencia política y las continuas violaciones de los derechos humanos eran cuestión cotidiana.

La insurgencia, por su parte, también debe aceptar que en el desarrollo de la guerra y el recrudecimiento de esta para hacerse escuchar en sus reclamos, se han presentado acciones que han dejado víctimas civiles, por lo que deben estar dispuestos a la reparación integral y a un compromiso de no repetición de las victimizaciones de un lado ni del otro.
Así pues, mientras el Estado ha de comprometerse a atacar más a los grupos paramilitares y esclarecer cómo funcionan, además, debe supeditar el orden militar al orden civil, para de este modo evitar el hostigamiento de posibles unidades de las fuerzas militares a los grupos insurgentes; la insurgencia deberá comprometerse a no reclutar más hombres para su fuerza armada.

El Estado también deberá eliminar el reclutamiento forzoso, bajo la figura de servicio militar obligatorio, y en cambio apostar por el servicio social como una alternativa. Pero también deberá hacer una revisión profunda de las doctrinas de seguridad con la que por años ha formado a las fuerzas armadas colombianas. Los modelos extranjeros de la guerra fría ya no servirán. Las tácticas de guerra perderán vigencia.

Se deberá crear una doctrina militar acorde a una realidad de postguerra y sustentada el acuerdo de paz. El momento será para la acción conjunta de recomponer el equilibrio, hablar de paz y entender que la lucha política o la solución de los conflictos de grandes intereses ya no se desarrollen por medio de las armas. Ahora la política demostrará ser superior a la guerra.

En contexto

Desde noviembre de 2012 Colombia vive un momento histórico. El Gobierno colombiano, liderado por Juan Manuel Santos, y las FARC-EP iniciaron negociaciones para terminar con el conflicto armado interno que se ha desarrollado por más de 50 años; y que para el 2014 colocó al país como el segundo país, después de Siria, con mayor número de desplazados en el mundo.

Se estima que por el conflicto unas 220 mil personas han muerto y más de seis millones han sido desplazadas por la violencia. Según Amnistía Internacional, cerca del 14 por ciento del territorio del país ha sido abandonado u ocupado forzosamente.
Para hacerle frente a este problema, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP han alcanzado importantes avances en las negociaciones durante los últimos tres años con acuerdos sustanciales en los puntos de la agenda: Política de desarrollo agrario integral, Participación política, Solución al problema de las drogas ilícitas, Fin del conflicto, Víctimas e Implementación, verificación y refrendación.

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